ACTAS 6TA REUNIÓN, VIERNES 25 DE MARZO DEL 2011, SEDE PROYECTO TAJAMAR-RUMIPAMBA (QUITO)

Asisten: Pepe Echeverría, Victoria Domínguez, María Soledad Solórzano, Francisco Valdez, Catherine Lara.

Dos puntos esenciales fueron tratados en esta ocasión: en primer lugar, el acercamiento del Colectivo a la institucionalidad dentro de la definición de nuestra política arqueológica y luego, el esquema de la política, el cual fue complementado de forma notoria en tres de los objetivos.

1. Política arqueológica e institucionalidad (taller)

Quienes asistieron a la última reunión en el Ministerio Coordinador resumieron las propuestas de este encuentro: nos presentamos como un colectivo ciudadano de arqueólogos profesionales, que busca definir e implementar una política orientada hacia un manejo del patrimonio arqueológico del país enmarcado en los criterios científicos de la disciplina, a través de la institucionalidad. Los funcionarios del Ministerio por su parte manifestaron estar trabajando en políticas patrimoniales, por lo que tienen ya algunos documentos referentes al registro arqueológico, documentos que reflejan las necesidades que tienen las entidades culturales respecto al manejo del patrimonio arqueológico. El contexto de cambio institucional en el que nos encontramos actualmente en el ámbito cultural acarrea vacíos legales que pueden fragilizar aún más el patrimonio arqueológico, por lo que, en calidad de “especialistas en la materia”, nos corresponde a nosotros colmarlos. Consiguientemente, se llegó a la propuesta de realizar un taller conjunto que permita concretar ya los términos de la política arqueológica a partir de los avances tanto del Colectivo como del Ministerio Coordinador.

Durante el anterior encuentro en el Ministerio se había planteado la idea de llevar este taller a cabo en Guayaquil, aunque en esta ocasión se objetó que la mayoría de arqueólogos del país está en la Sierra Norte. Tomando en cuenta que la logística y el hospedaje del evento correrían por la cuenta de cada invitado, y que la idea es lograr un nivel máximo de participación, trabajar en Guayaquil sería un riesgo. Adicionalmente, el blog es una herramienta de participación que no debe ser sub-estimada (si bien se encuentra rotundamente desaprovechada al momento…).

Otra “estrategia” que se sacó a relucir aquí es la necesidad de abrirnos varios frentes de difusión y diálogo con los diversos representantes del Ministerio de Cultura y Coordinador.

En último término, la experiencia de la corta trayectoria del Colectivo dejó en claro que es imperativo alejarse de cualquier tipo de influencia política, y centrarse más bien en la línea científica que buscamos establecer a través de esta iniciativa. De lo contrario, corremos el riesgo de ser manipulados por intereses ajenos a nuestro propósito, el cual, en último término, podría terminar en un fracaso.

2. Avances en el esquema de la política arqueológica

Éstos se concretaron esencialmente en los puntos “educación” y “difusión”, y también en “conservación” en menor medida.

EDUCACIÓN

La propuesta de Dominique Gomis (ver la página de los borradores de la Política Arqueológica en blog del Colectivo) fue aceptada, por lo que el objetivo y el esquema de nuestra política quedarían establecidos de la siguiente manera:

Objetivo: «definir una política institucional pública para la formación académica, investigación, conservación, protección y puesta en valor y uso social del patrimonio arqueológico a nivel nacional».

Nuevo esquema:

— Formación académica
— Investigación
— Conservación
— Difusión
— Puesta en valor y uso social (eventualmente antes de “difusión”)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Problemáticas, causas, potencialidades (diagnóstico puntual)

— existe una mitificación social de la arqueología, a menudo asociada en el imaginario colectivo al ámbito de la aventura, totalmente antagónico a una fuente de ingresos estable, lo cual desanima a la gente a la hora de optar por esta carrera.

— los programas escolares y colegiales difunden una visión obsoleta e inadecuada de la arqueología, basada en una presentación “tipologizada” de las culturas precolombinas que no toma en cuenta las interrelaciones y los procesos que las vincularon entre ellas. Realidad que a su vez desacredita a la arqueología como disciplina y desemboca de igual  manera en un desinterés por la carrera.

— la oferta de carreras universitarias en arqueología es prácticamente inexistente en el Ecuador, y la cantidad de profesores potenciales, muy baja.

— a pesar de cierto progreso en ese sentido, la arqueología sigue siendo una profesión “elitista”, al alcance de quienes tienen/tuvieron la posibilidad de estudiar en Quito, Guayaquil, y hasta en el extranjero. Como resultado, los arqueólogos son pocos, y existe una fuerte desigualdad académica entre ellos, realidad particularmente palpable en las llamadas “fiscalizaciones” de proyectos llevadas a cabo por las entidades culturales, en que a menudo un Licenciado (en el mejor de los casos) evalúa a un PhD. Idealmente, los arqueólogos de las entidades estatales deberían ser Másters o PhD como mínimo.

— a su vez, la escasez de arqueólogos/de ofertas de formación en arqueología variadas y económicamente asequibles genera una multitud incontrolada de “para-arqueólogos” de diversos niveles, que pueden tanto aportar como perjudicar al patrimonio arqueológico.

Lineamientos

La arqueología no es ningún mito; atañe a un aspecto fundamental de la nación, a saber, el rastreo de su pasado y por consiguiente, de su identidad. Por lo tanto, debe recibir una atención especial en la educación básica y ser incentivada a nivel universitario. El patrimonio arqueológico es frágil y no-renovable: debe ser estudiado de forma responsable, por especialistas adecuadamente preparados.

Metas y actores involucrados

— comprometer a los arqueólogos a generar congresos y talleres en colegios y universidades sobre la información que producen, de manera a informar a la sociedad sobre lo que realmente es la arqueología y por lo tanto, contribuir a desmitificar los estereotipos existentes sobre la profesión, incentivando así a  los estudiantes a seguir la carrera. Actores involucrados: arqueólogos.

— redefinir los contenidos de los programas escolares y colegiales que atañen a temas arqueológicos. Actores involucrados: Comité Científico, Ministerio de Educación.

— plantear la idea de un bachillerato en gestión patrimonial (el cual incluiría un componente arqueológico). Actores involucrados: entidades culturales, Ministerio de Educación.

— obligar al Estado a instaurar la formación completa en arqueología en las universidades estatales a través de la apertura de carreras que tengan los recursos necesarios y cierta distribución geográfica; con este propósito, se podría realizar previamente algún tipo de “encuesta” sobre las regiones en donde el implemento de una carrera de arqueología sería más factible. Actores involucrados: entidades culturales, autoridades de educación superior, Comité Científico [definición de pensums universitarios].

— definir y regular la práctica arqueológica, (reconocimiento de los “para-arqueólogos”, pasantes, estudiantes egresados, tesistas etc). Actores involucrados: entidades culturales, arqueólogos, Comité Científico.

— capacitar a los “para-arqueólogos” y a los funcionarios que trabajan directa o indirectamente con el patrimonio arqueológico (empleados municipales por ejemplo), a través de talleres. Actores involucrados: Comité Científico, entidades culturales, CECAP (Centro Ecuatoriano de Capacitación Artesanal).

DIFUSIÓN

Problemáticas, causas, potencialidades (diagnóstico puntual)

— Se producen casos en que el campo de estudio es casi considerado como propiedad privada (“mi” sitio), cuando pertenece legalmente al estado; por ende, hay despreocupación en cumplir con la obligación de difundir los trabajos. Si bien no es fácil publicar en el país, en la era digital, está al alcance de todos dar a conocer sus trabajos mediante cd’s, blogs etc.

— No existe una coordinación permanente entre los arqueólogos y los demás segmentos de la sociedad (medios de comunicación, docentes primarios/secundarios/universitarios, ministerios de educación, turismo etc). Siendo así, la información que estos medios comunican a la sociedad sobre temas arqueológicos es muchas veces desactualizada/deformada/incompleta/incorrecta/irresponsable (especialmente sobre temas relacionados a la huaquería en este último caso).

— En los museos – vínculos predilectos entre la sociedad y la investigación – , los guiones están a menudos desactualizados, no llaman la atención del público (“aburren”), el cual se desinteresa del quehacer arqueológico y sus implicaciones.

— Los arqueólogos desaprovechan los diversos espacios culturales actualmente existentes para difundir los resultados de su trabajo (radios, prensa, eventos organizados por las entidades culturales).

— Debido a estas deficiencias, la sociedad no está al tanto de lo que hacen los arqueólogos. La arqueología sigue siendo percibida como una ciencia “oculta”, algo fantástica, que a lo mucho evocará para la mayoría de gente la imagen de Indiana Jones o de “huesos viejos”.

— Por ende, la arqueología no se ve como una disciplina esencial dentro de la cultura y las autoridades no se preocupan por invertir en proyectos arqueológicos ni en proteger el patrimonio arqueológico de los riesgos que lo amenazan (círculo vicioso).

Lineamientos

— La arqueología es parte del fundamento identitario del país; el patrimonio arqueológico es propiedad del estado. Como consecuencia, es obligación deontológica del arqueólogo difundir lo que hace y encuentra, y de las autoridades, exigirle que lo haga.

Metas y actores involucrados

— Incluir obligatoriamente en las propuestas de proyectos arqueológicos un rubro de difusión de los resultados de los estudios mediante soportes digitales (cd’s, publicación de los informes en las páginas web de las autoridades culturales y educativas, difusión a museos, medios de comunicación, autoridades locales – en este caso en un lenguaje claro y entendible para el público no -familiarizado con la disciplina arqueológica). Actores involucrados: investigadores, autoridades culturales y educativas, seccionales, medios de comunicación

— Actualizar los guiones de los museos y trabajar en volverlos más atractivos y dinámicos. Actores involucrados: investigadores, autoridades culturales, seccionales (turismo)

— Controlar que tanto el proceso de difusión de las investigaciones como el de actualización constante de los museos sea llevado a cabo de forma satisfactoria. Actores involucrados: comité científico

CONSERVACIÓN

Problemáticas, causas, potencialidades (diagnóstico puntual)

— existe una falta de criterio en la intervención de sitios arqueológicos (monumentales especialmente): muchas de estas intervenciones no incluyen un proceso adecuado de investigación que integre el componente “conservación”, el cual debe forzosamente acompañar la excavación como tal o/y un tratamiento/almacenamiento/procesamiento adecuados del material recuperado. Si un sitio no puede ser mantenido, es mejor no someterlo a excavaciones en área/taparlo/no intervenirlo.

— los especialistas en conservación de bienes arqueológicos son prácticamente inexistentes en el país.

— en algunos casos, la ignorancia/desinterés de las comunidades poseedoras de bienes arqueológicos fragiliza el patrimonio arqueológico frente a las amenazas naturales o antropogénicas (huaquería, tráfico ilícito etc.).

— la huaquería particularmente es una práctica altamente destructiva para los sitios arqueológicos: en general, los huaqueros no tapan los huecos, por lo que, a más de la destrucción a las que son sometidos, los contextos –o lo que queda de ellos- quedan expuestos a factores destructivos de todo tipo.

Lineamientos

En calidad de componente frágil y no-renovable de la identidad del país, el patrimonio arqueológico merece protección, respeto y un trato especializado específicamente acorde a su naturaleza, el cual debe sujetarse a los principios científicos propios de conservación de los bienes arqueológicos.

Metas y actores involucrados

— incluir obligatoriamente criterios de conservación en el planteamiento de proyectos arqueológicos. Actores involucrados: entidades culturales, arqueólogos.

— contemplar una especialización universitaria en conservación de bienes arqueológicos. Actores involucrados: Comité Científico, autoridades educación superior.

— concientizar a las comunidades locales sobre los peligros que amenazan al patrimonio arqueológico y la forma de protegerlos. LAS COMUNIDADES SON LA MEJOR “POLICÍA PATRIMONIAL”… Actores involucrados: arqueólogos, comunidades locales.

— integrar a los huaqueros al quehacer arqueológico a través de una adecuada capacitación/concientización. Actores involucrados: arqueólogos, huaqueros.

3. Varios

— En el blog del Colectivo podrán ver la nueva versión de nuestro esquema de política arqueológica (el tercero), la cual incluye los aportes de las reuniones anteriores y los avances reportados en estas actas. Se les invita a seguir completando los puntos de “Conservación” y “Puesta en valor y uso social”.

— En la medida de lo posible, se seguirá con el proceso de difusión/diálogo con el Ministerio Coordinador de cara a los propósitos y avances de nuestra política arqueológica, proceso acerca del cual se les mantendrá informados.

— La próxima reunión del Colectivo quedó fijada para el viernes 8 de abril a las 14h00 en la sede del Proyecto Tajamar (Rumipamba-Quito).

f) Los Sobrevivientes

ACTAS 5TA REUNIÓN, VIERNES 18 DE MARZO, MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL (QUITO)

Asisten: Victoria Domínguez, Pepe Echeverría, Catherine Lara (Colectivo) – Joaquín Moscoso, Jacobo Herdoíza, María-José Icaza (Ministerio Coordinador)…

Dada la falta de interés aparente de la mayoría de colegas, los “sobrevivientes” del Colectivo acordaron un cambio de estrategia en lo que se refiere al avance de nuestra política arqueológica, el cual ponemos a su consideración, esperando quizá contar con reacciones constructivas. Este cambio de estrategia implicó dar un paso más “pragmático”, más concretamente a través de un acercamiento a la institucionalidad, la cual, como se lo definió en nuestro borrador de la política, debe atravesar el quehacer arqueológico.

El Ministerio Coordinador se encuentra actualmente implementando diversos planes de manejo patrimoniales, entre los cuales figura el componente arqueológico (implementación del Sistema Nacional de Sitios Arqueológicos, trabajo con autoridades locales, arqueología histórica, tráfico ilícito entre otros). No obstante, esta entidad necesita una más amplia asesoría en lo que se refiere al manejo del patrimonio arqueológico (protocolos, principios, lineamientos fundamentales). Estos elementos son justamente los que el Colectivo está buscando implementar a través de la política arqueológica, por lo que el Ministerio Coordinador manifestó su interés en nuestra propuesta, lo cual motivó la reunión con los representantes mencionados más arriba. Éstos dejaron muy en claro su respaldo a la iniciativa del Colectivo de crear una política arqueológica, que podrá a su vez guiar “oficialmente” el desarrollo de los diversos proyectos arqueológicos en el país.

El Ministerio dispone ya de documentos diagnósticos sobre el estado del patrimonio arqueológico en el Ecuador (basados esencialmente en los resultados del Decreto de Emergencia), por lo que el trabajo conjunto entre el Ministerio y el Colectivo se basaría en la mencionada documentación de diagnóstico por el lado de dicha entidad, la cual sería contextualizada desde un punto de vista científico por el Colectivo, culminando así en la realización de la política arqueológica.

En ese sentido, el Ministerio está dispuesto a colaborar en lo que se refiere a la organización del taller que teníamos previsto para elaborar nuestra política (a nivel de infraestructura, invitaciones y alimentación, mas no en lo que se refiere al transporte y al hospedaje de ser éste necesario). Este taller se realizaría tentativamente en Guayaquil, los 26 y 27 de mayo (puntos que quedan todavía por definirse; se propuso inclusive un taller de un solo día, aunque es poco factible lograr algo en tan poco tiempo).

Con el objetivo de evaluar/profundizar esta posible colaboración conjunta con el Ministerio Coordinador, se les convoca a la próxima reunión del Colectivo, la cual, como de costumbre, tendrá lugar en la sede del Proyecto Tajamar – Rumipamba (Quito), el 25 de marzo a las 14h00. Se les recuerda que de no poder asistir, esperamos sus reacciones en el blog del Colectivo. Independientemente de los resultados de esta reunión, tenemos que seguir avanzando en la redacción del texto, por lo que toda sugerencia pertinente al respecto es bienvenida.

COLECTIVO CIUDADANO DE ARQUEÓLOGOS
ACTAS 4TA REUNIÓN, JUEVES 10 DE FEBRERO, MUSEO DE RUMIPAMBA (QUITO)

Asisten: Victoria Domínguez, Pepe Echeverría, Gabriela Tenorio, Alexandra Yépez, Francisco Valdez, María del Carmen Molestina, Catherine Lara.

Tres puntos básicos fueron tratados en el transcurso de esta reunión: el tema del envío de la carta a la Asamblea respecto a la Ley de Cultura, los textos legales que constituirán el trasfondo de nuestra propuesta y, finalmente, la redacción de nuestra política arqueológica en sí.

Carta Asamblea

A raíz de la reunión anterior, se había pensado enviar una carta a la Asamblea con la intención de presionar a la Comisión correspondiente para que encuentre una solución al estancamiento de la Ley de Cultura. Durante este cuarto encuentro, dos tendencias se manifestaron sobre este punto:

La primera sugiere que no se debería enviar ninguna carta a la Asamblea pues esto significaría adherirse a intereses políticos frente a los cuales el Colectivo de Arqueólogos Profesionales del Ecuador debería mantenerse al margen. Se planteó efectivamente que la aprobación de la Ley de Cultura no está bien encaminada e inclusive que el Ejecutivo se muestra reacio al respecto, por lo cual es un riesgo aludir a esta iniciativa desde el Colectivo; lo más probable es que ni siquiera nos hagan caso.

La segunda visión en cambio señala que el país necesita una ley de cultura – sin tomar partido por ninguna de las dos versiones actualmente en juego. Este texto estaba supuestamente en vías de ser redactado, se organizaron encuentros colectivos en ese sentido, etc pero hasta la fecha, no hay nada. Como colectivo asociado a una disciplina fundamental dentro del ámbito cultural, tenemos derecho a exigir una explicación sobre el estancamiento de un texto tan importante. Por último, si es necesario partir de cero y volver a hacer una nueva propuesta de Ley de Cultura, se exigiría que la arqueología tenga –ahí sí- todo el lugar que se merece dentro de ese nuevo texto.

En definitiva, este tema quedó en suspenso: los asistentes quedaron de acuerdo en que redactar la política arqueológica es más urgente de momento y que este asunto de la Ley de Cultura se lo podrá considerar más adelante.

Leyes que servirán de base a la política arqueológica

En el encuentro anterior, se había planteado partir del Plan Nacional para el Buen Vivir como sustento a la redacción de la política arqueológica. En esta ocasión se decidió finalmente restringirse a la Constitución y a la Ley de Patrimonio. Efectivamente, en relación al tema de la carta a la Asamblea mencionado en el anterior apartado y luego de haber consultado el Plan Nacional para el Buen Vivir, se resaltó que éste representa una fuerte carga ideológica y política ajena al aspecto estrictamente científico que busca nuestra propuesta desde la arqueología.

Al sustentarnos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, corremos el riesgo de que el Colectivo sea considerado como partidario del Gobierno y sus intereses políticos, cuando nuestra intención es plantear una política duradera que trascienda a los gobiernos de turno: el momento que cambie el gobierno, nuestra política no correrá el riesgo de ser descartada por haberse basado en un texto ideológico puntual, sino que se mantendrá vigente al partir de aspectos fundamentales estipulados en la Constitución. En último término, ¡lo que propone nuestra política no se opone de ningún modo a lo que promueve el Plan Nacional para el Buen Vivir!

Redacción de la política arqueológica

Dicho esto, los asistentes a la reunión siguieron trabajando en el esquema básico de la política arqueológica. Ésta tratará cuatro puntos que ya habían sido establecidos en el encuentro anterior, a excepción del último que fue añadido en esta ocasión:
— Investigación
— Conservación
— Difusión
— Puesta en valor y uso social

Basándonos en el modelo formal de otros textos de políticas vigentes a nivel nacional, la estructura de nuestra política quedaría luego de la siguiente manera:
— Declaración de principios/problemáticas (a manera de introducción)
— Diagnóstico general
— Objetivos (éstos estarían organizados en torno a los cuatro ejes enumerados anteriormente. Cada uno de estos ejes se subdividiría a su vez en: problemáticas, causas, potencialidades – a manera de diagnóstico específico –, y finalmente, los objetivos en sí con los actores involucrados en la ejecución de cada uno de ellos).

Con este esquema en claro, se comenzó a completar el contenido de cada uno de sus componentes:

Declaración de principios

— Definición del patrimonio arqueológico y su problemática: el patrimonio arqueológico no es una mercancía, sino un recurso no renovable, vinculado a nuestra identidad…
— Definición de la práctica arqueológica y su problemática: La finalidad general de la arqueología es el conocimiento [de este recurso no renovable]. La arqueología trata sobre el conocimiento de actividades pasadas (poco importa si éstas son históricas o anteriores al uso de la escritura). El énfasis se pone en la palabra conocimiento, pues la finalidad de todo trabajo arqueológico es indagar sobre el comportamiento humano situaciones donde no había otra manera de registrar los sucesos que la voz, la memoria colectiva, y eventualmente algunos ritos propiciatorios en determinadas circunstancias.
La práctica arqueológica se asocia a un marco deontológico específico.
— Papel de la institucionalidad: La institucionalidad atraviesa todos y cada uno de los aspectos del quehacer arqueológico. Es responsabilidad del Estado conocer,  proteger y difundir el Patrimonio arqueológico del país. De acuerdo a la reglamentación vigente, el INPC es el organismo encargado de dictar y de reforzar la política del manejo de los recursos arqueológicos.
— Objetivo general: En este sentido, el Colectivo Ciudadano de Arqueólogos Profesionales del Ecuador se propone “definir una política institucional pública para la investigación, conservación, protección y puesta en valor y uso social  del patrimonio arqueológico a nivel nacional”. Esta política debe ser previa a la definición de cualquier tipo de plan de manejo del patrimonio arqueológico, al optimizar cada uno de sus componentes.
— Presentación de los ejes principales de la política arqueológica: Se esbozará primeramente un diagnóstico general de la situación actual de la arqueología del país, antes de enunciar los objetivos que esta política busca implementar, objetivos que se dividen en cuatro aspectos fundamentales: investigación, conservación, difusión y puesta en valor y uso social. Cada uno de estos aspectos será desarrollado a través de un diagnóstico específico, así como la presentación de las metas correspondientes y de los actores involucrados en su cumplimiento.

El Diagnóstico General

— Este diagnóstico deberá tomar en cuenta la realidad social actual en que vivimos (por ejemplo: la huaquería como consecuencia de la pobreza, las realidades del mundo rural…). Conocer la realidad del Ecuador es esencial antes de poder hablar del recurso arqueológico como tal.
— Se deberá incluir una perspectiva histórica de la práctica arqueológica en el país, de cara a evaluar su desempeño actual. No se trata de descalificar o juzgar lo que se ha hecho anteriormente, sino más bien de tenerlo en claro, con el propósito de elaborar una propuesta viable en base a los aciertos y desaciertos del pasado.
— Algunos colegas han escrito artículos que nos podrían servir como base para la redacción de esta retrospectiva: Jaime Idrovo, Pepe Echeverría, Ernesto Salazar, Florencio Delgado y Francisco Valdez.
— En lo que se refiere al estado de los recursos arqueológicos del país como tales, habrá que mencionar desde luego el inventario que se levantó a raíz del Decreto de Emergencia.

Los objetivos

Investigación

Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual):

— Nos encontramos en un contexto en que la investigación se vuelve secundaria frente a los famosos “planes de manejo” y a la visión del patrimonio arqueológico como fuente de rédito turístico.
— Actualmente, no hay ninguna coherencia en la práctica arqueológica tal como se la está llevando en el país: cada investigador investiga de manera aislada, sin ninguna visión de conjunto. No hay ninguna continuidad entre los diversos proyectos arqueológicos que se están realizando en el Ecuador, y menos aún, una visión de las prioridades que debería proyectarse en la práctica arqueológica en sí (por ejemplo: la necesidad urgente de replantear nuestro cuadro de periodización…).
— El acceso a la información generada por los proyectos de los colegas es problemática, lo cual no contribuye a la interacción entre arqueólogos.
— La formación universitaria de arqueólogos (es decir, la profesionalización de la arqueología) es deficiente.
— Existe una multitud de “para-arqueólogos” que no tienen ningún estatuto reconocido (asistentes, estudiantes calificados no graduados…).
— Hoy en día, las investigaciones arqueológicas son gestionadas a partir del INCOP y su portal de Compras Públicas. No obstante, la investigación arqueológica NO es mercancía ni obra de ingeniería pública. Por ende, no tiene su lugar en el mercado de la oferta y la demanda. En calidad de disciplina científica, se rige a parámetros distintos que pueden ser obstaculizados e inclusive desfigurados al ser incluidos en sistemas pertenecientes a otros ámbitos, tales como el de “Compras Públicas”.
— La práctica arqueológica está actualmente sujetada a las fluctuaciones administrativas de las diversas entidades que la manejan, cuando debería ser lo contrario: la arqueología en cuanto a disciplina científica tiene parámetros y criterios definidos, los cuales deben ser acatados por las entidades que se relacionan con el patrimonio arqueológico, independientemente de los cambios burocráticos.

Lineamientos

— El arqueólogo es un científico social. La finalidad de la investigación es el conocimiento del pasado, de nuestra identidad y de nuestro territorio. (Definición de lo que es la investigación arqueológica: ¿qué comprende?, ¿quiénes intervienen en ella?, ¿cómo se hace?, ¿para qué?, ¿para quiénes?, ¿quién la evalúa?)
— Si bien existen distinciones en torno a las variantes que puede tener la práctica arqueológica de acuerdo a sus fuentes de financiamiento y/o metodologías (arqueología pública, privada, o de rescate), la arqueología es una sola. La definición de los parámetros específicos que atañen a cada una de las diversas manifestaciones del quehacer arqueológico es materia de reglamentos, los cuales deben respetar los enunciados explicitados en la presente política (ejemplo: respetar el enfoque regional que exige una investigación arqueológica adecuada en los proyectos de arqueología de contrato. Restringir una excavación a un espacio definido por una obra de infraestructura moderna mutila totalmente la interpretación de huellas materiales producidas en un espacio totalmente ajeno a dicha obra).
Así, la importancia del dato que lleva al conocimiento es tal que en todos los casos se debe aplicar el mismo esfuerzo económico y el mismo rigor científico en la procuración de los datos. Los métodos, los procedimientos y las finalidades son los mismos en todas las intervenciones de carácter arqueológico. Por lo que los trabajos deberán necesariamente ser la responsabilidad exclusiva de un equipo de profesionales, dotados de los conocimientos académicos que aseguren la aplicación de los procedimientos adecuados. Toda intervención deberá contar con la presencia continua de, por lo menos un, arqueólogo titulado académicamente que garantice el rigor y la calidad científica de los trabajos.
— El Estado tiene la obligación de desarrollar la investigación arqueológica.

Metas y actores involucrados

— Crear un comité científico (académico) que defina los temas y zonas prioritarios que deben ser tratados por la arqueología en materia de investigación. Este comité deberá asegurar la calidad de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el país y el profesionalismo/experiencia de quienes las realizan. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales).
— Asegurar una formación de calidad para los arqueólogos. Definir una categorización incluyente para los “para-arqueólogos”. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, entidades académicas del país, comité científico).
— Sustraer a la práctica arqueológica del Sistema de Compras Públicas (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, institucionalidad del estado).
— Elaborar el inventario general de los recursos arqueológicos del país. Éste es un proceso continuo que se debe ir  incrementando en la medida en que el conocimiento y el reconocimiento avanzan, pero el inventario  sólo es un medio y no puede convertirse en una finalidad.
El inventario existente se nutre de tres maneras:
A) por la investigación arqueológica sistemática.
B) por la información que llega a través de los datos que aparecen en el transcurso de la obra pública o privada que provoca intencionalmente movimientos de tierra proclives a revelar vestigios arqueológicos. En este caso la ley prevé que se debe efectuar un estudio profesional previo, preventivo que registre los bienes existentes y un seguimiento continuo que asegure el posible registro y protección de los vestigios eventuales.
C) por información producida de forma fortuita: trabajos de agricultura, desvío de ríos, exploraciones de zonas desconocidas, etc. En todos estos casos el descubrimiento se da de forma no intencional y por ello no hay una obligación legal de realizar un estudio previo. En todos los casos hay la obligación de suministrar los datos pertinentes al INPC para que se actualice el inventario. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, comité científico, institucionalidad del Estado).

Conservación

Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)

— la necesidad de proteger al patrimonio arqueológico frente a amenazas tales como la huaquería, el tráfico ilícito / coleccionismo

Lineamientos

— No se puede pensar la investigación sin la conservación.

Metas y actores involucrados

Difusión

Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)

— El contenido de los programas de los establecimiento educativos primarios y secundarios está desactualizado en materia de arqueología.
— Los medios de comunicación no difunden la información arqueológica de manera responsable.

Lineamientos

— El manejo del conocimiento es necesariamente de carácter público, puesto que los recursos patrimoniales que generan el conocimiento son del estado, y como tal no puede ni debe ser restringido al uso o beneficio de quien financió la intervención.

Metas y actores involucrados

— Los arqueólogos tienen la obligación de publicar la información obtenida a raíz de sus investigaciones.

Puesta en valor y uso social

Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)

Lineamientos

— La práctica arqueológica va de la mano con la concientización de la sociedad sobre el quehacer arqueológico.
— La función social de la práctica arqueológica atañe al respeto de las comunidades con las que el investigador se relaciona en el transcurso de sus proyectos.

Metas y actores involucrados

— Asegurar que el manejo de los sitios no sea función exclusiva de las comunidades y organismo locales, sino que incluya también  la participación de arqueólogos.

Asuntos varios

Queda claro que el objetivo este rato no es redactar el texto de la política en su integralidad, sino más bien delinear un esquema detallado de los puntos que ésta deberá incluir. La redacción del texto como tal queda para el taller que se piensa organizar con esta intención. En ese sentido, el propósito principal de las próximas reuniones va a ser afinar este esquema.

Desde ya, se invita a los colegas a enviar sus sugerencias al respeto; algunos lo han hecho a través de los foros de la página web “Arqueología Ecuatoriana”. No obstante, con la finalidad de ampliar el espacio para recibir comentarios y sugerencias, se va a abrir un blog a parte consagrado exclusivamente al Colectivo Ciudadano de Arqueólogos Profesionales. Este mecanismo nos permitirá además incluir a los colegas quienes no se encuentran en la región de Quito y/o no pueden asistir a las reuniones por motivos varios. Desde este punto de vista, nuestros encuentros serán más espaciados y consistirán en tratar temas más específicos. De momento, la próxima reunión quedó fijada para el día jueves 24 de febrero a las 10:00 a.m. en el Museo de Sitio Rumipamba (Quito).

f) Catherine Lara
Secretaria

COLECTIVO CIUDADANO DE ARQUEÓLOGOS
ACTAS 3ERA REUNIÓN, VIERNES 4 DE FEBRERO, MUSEO DE RUMIPAMBA (QUITO)

Asisten: María Soledad Solórzano, Gabriela Tenorio, Victoria Domínguez, José Echeverría, Florencio Delgado, Catherine Lara.

Lamentablemente, se observa claramente que el nivel de participación está bajando radicalmente en comparación con las dos reuniones anteriores. Desde luego, se comprende perfectamente que para los colegas que se encuentran en otras zonas del país –la mayoría de ellos, en la región de Guayaquil-, no es fácil asistir a los encuentros del Colectivo. Por consiguiente, en esta tercera reunión, se llegó a la conclusión de que la cuarta reunión sea el día jueves 10 de febrero a las 10h00 en Rumipamba, y la quinta, en Santa Elena la semana siguiente, lo cual nos dará el tiempo necesario a quienes residimos en el sector de Quito de planificar nuestro viaje a Santa Elena.

A raíz del conversatorio entre quienes asistimos a esta tercera reunión, se dejó en claro que la política arqueológica que queremos definir debe primeramente sujetarse a las cláusulas referentes al patrimonio arqueológico enunciadas en el Plan Nacional del Buen Vivir manejado por SENPLADES. Tratamos de descargar este plan del Internet, mas no tuvimos éxito. Es luego necesario conseguir este texto y revisarlo para ubicar los puntos relevantes de cara a nuestro propósito.

Adicionalmente, las cláusulas de la versión de la Ley de Cultura que vaya a ser aprobada también deberán constar en nuestra política; desde luego, el problema es que esta ley todavía no sale, por lo cual se propuso que el Colectivo envíe una carta a la Asamblea Nacional para presionar en ese sentido.

Por otra parte, todavía no hay consenso acerca de la eficiencia de un posible taller para darle forma al texto definitivo de la política que queremos elaborar. En el caso de decidirnos a favor de la organización de este taller, habrá que pensar en redactar sus términos de referencia…

Lo que sí se estableció en base al documento sobre políticas públicas que envió María Soledad, es la necesidad de plantear ya los puntos básicos y esenciales que nuestra política arqueológica deberá tratar. Recordemos que de acuerdo a lo definido en la segunda reunión, el propósito general del Colectivo es efectivamente “definir una política institucional pública para la investigación, conservación, protección y puesta en valor y uso social  del patrimonio arqueológico a nivel nacional”. En ese sentido, hasta el momento, tres puntos fundamentales fueron definidos: investigación, difusión y control.

A manera de introducción, se recordaría desde luego el objetivo “macro” de nuestra política. Luego, se definiría lo que es el patrimonio arqueológico, lo que es la práctica arqueológica, y en qué medida la identidad es la base de la investigación arqueológica. Se anunciarían luego los tres puntos básicos que sustentan los objetivos que nuestra política busca lograr (investigación, control y difusión), insistiendo en el que, al ser ésta una política pública, está totalmente atravesada por la institucionalidad, la cual debe justamente intervenir en cada uno de estos tres puntos. Esta institucionalidad se refiere concretamente al INPC, a los Ministerios de Cultura, Coordinador, del Ambiente y a los Municipios. En resumen, los actores involucrados aquí son los investigadores, las entidades públicas encargadas del manejo del patrimonio (sea éste natural o cultural) y la sociedad (comunidades/ medios de comunicación / centros educativos).

INVESTIGACIÓN (= cómo se hace la arqueología)

Líneas de investigación:

Los proyectos arqueológicos pueden ser aislados o ser parte de macro-proyectos. Pueden ser proyectos vinculados a la arqueología “científica” o a la arqueología “aplicada”:
— arqueología “científica” (académica). Necesidad de que el Estado incite a las entidades académicas a hacerse cargo de proyectos arqueológicos.
— arqueología “aplicada” (arqueología de contrato pública o privada [proyectos auto-sustentados])

Los temas de la investigación y conservación del patrimonio arqueológico conciernen tanto a la arqueología “científica” como a la arqueología “aplicada” (son o deberían ser de alguna forma el vínculo entre ambas), por lo cual es necesario abordarlos dentro de nuestra política.

CONTROL

Este aspecto atañe a:
— la conservación y restauración del patrimonio arqueológico
— la protección del patrimonio arqueológico frente a amenazas tales como la huaquería, el tráfico ilícito / coleccionismo

DIFUSIÓN

Este punto se refiere a:
— la formación de arqueólogos
— la actualización de los programas escolares
— la socialización local del proceso investigativo (interrelación entre investigadores y comunidades, publicación y divulgación de resultados, capacitación participativa de las comunidades en el conocimiento, difusión y protección del patrimonio)
— el necesario trabajo con los medios de comunicación para que éstos divulguen la información arqueológica de forma responsable.

OBJETIVOS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

Dar lectura a la carta que el Colectivo enviará a la Asamblea para presionar en el sentido de que sigan los debates para la aprobación de la Ley de Cultura

Poner en conocimiento de los presentes las cláusulas del Plan Nacional del Buen Vivir que servirán de base a los objetivos que busca alcanzar nuestra política arqueológica. Se les invita a revisar el documento, de 520 páginas (22 MB). El mismo que se puede descargar desde: http://www.senplades.gob.ec/web/senplad … -2009-2013

Seguir trabajando y desarrollando los tres puntos que fueron definidos en el transcurso de esta tercera reunión. Desde este punto de vista, sería bueno que antes de la reunión, cada participante vaya pensando en ideas y esboce eventualmente algún esquema de lo que – en su criterio – debería estar incluido en nuestra propuesta… Es posible que María Soledad nos ayude eventualmente en ese sentido.
Planificar la siguiente reunión en Santa Elena.

f) Catherine Lara
Secretaria

COLECTIVO CIUDADANO DE ARQUEÓLOGOS
ACTAS 2DA REUNIÓN, MIÉRCOLES 26 DE ENERO, MUSEO DE RUMIPAMBA (QUITO)

Asisten: María Soledad Solórzano, Gabriela Tenorio, Alexandra Yépez, Francisco Valdez, Victoria Domínguez, José Echeverría, María Aguilera, Mónica Bolaños, Francisco Sánchez, Fernando Mejía, Rocío Murillo, Catherine Lara.

I) Exposición del Plan SOS Patrimonio (a cargo de Alexandra Yépez)

Programa promovido por la SENPLADES y el Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural dentro del “Plan Nacional del Buen Vivir”, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de políticas públicas.

Proyecto de carácter prioritario que busca promover la interculturalidad y la plurinacionalidad, al inventariar, conservar, proteger y difundir el patrimonio nacional, enfatizando su función social y capacitando al personal necesario. El INPC interviene en lo que se refiere al conocimiento, la protección, la restauración y la puesta en valor del patrimonio.

2 años de duración a partir de la fecha de aprobación presupuestaria (es decir, agosto del 2010).

En términos aproximados, se definió la existencia de 600 museos e iglesias, 35 edificios “restaurables” y 45 edificios y sitios culturales que podrían ser beneficiados por el Programa SOS Patrimonio. En arqueología, se vienen a sumar los registros/inventarios de colecciones públicas y privadas, es decir, lo que correspondería a la segunda etapa del Registro nacional del patrimonio arqueológico iniciado a raíz del Decreto de Emergencia.

En fin, el Programa apunta a contribuir a la formación de un sistema de gestión de sitios patrimoniales, a través de la informatización de las bases de datos.

II) Problemas

Como su nombre lo indica (y valga la redundancia), el Ministerio Coordinador coordina, mas no ejecuta los proyectos contemplados dentro del Programa SOS Patrimonio. Efectivamente, el Ministerio Coordinador delega al INPC la responsabilidad de elaborar los términos de referencia y contratar a los profesionales que deberán cumplir con los proyectos del Programa.

En términos generales, la repartición de los fondos para la ejecución de proyectos patrimoniales es desigual: así, el ámbito de la arqueología está en desventaja en comparación con otras áreas (patrimonio inmueble, inmaterial, etc.).

No existen pautas claras que definan la ejecución de los proyectos arqueológicos (¿qué?, ¿cómo?, ¿quiénes? etc.).
… por lo tanto, es necesario definir una política institucional pública para la investigación, conservación, protección y puesta en valor y uso social  del patrimonio arqueológico a nivel nacional, y ése va a ser de ahora en adelante el objetivo del Colectivo Ciudadano de Arqueólogos.

III) Estrategia: elaboración de una política institucional pública de arqueología

La elaboración de una tal política requiere contemplar dos aspectos: el fondo y la forma.

El fondo corresponde al contenido científico. Es en teoría el más “sencillo”, ya que todos somos arqueólogos y –en principio- tenemos idea de los temas que deben ser priorizados en nuestra disciplina; basta reunirnos, organizar nuestros conocimientos e ideas y sentarlos por escrito.

La forma es un poco más complicada porque exige ajustar nuestro contenido científico a los formatos de las leyes actualmente vigentes en el país, especialmente en lo que se refiere a temas de cultura, patrimonio y desde luego, arqueología más específicamente.

Desde ese punto de vista, se evidenció la necesidad de “empaparnos” de los textos legales que nos permitirán elaborar una política conforme a las normas actualmente aceptadas en el Ecuador. María Soledad Solórzano nos envió un documento para familiarizarnos con los conceptos pertenecientes al ámbito de las políticas públicas; por otra parte, para la próxima reunión, que se realizará el próximo viernes 4 de febrero en el museo de sitio de Rumipamba (Quito, 9h30 am a 14h00 pm), cada participante del Colectivo se comprometió a llevar un texto legal (legislación nacional e internacional vigente / normativas institucionales) en donde habrá rescatado los puntos de interés dentro de la definición de una política en arqueología (ley minera, municipios, medio ambiente, leyes internacionales, etc.). Se recuerda que en la página web Arqueología Ecuatoriana, encontrarán un compendio completo de textos legales nacionales e internacionales referentes a la arqueología (sección “Leyes”).

Una vez que, a través de este “taller doméstico”, se hayan sentado tanto el contenido como la forma de esta política arqueológica que se busca definir, se contempla la posibilidad de contactar a especialistas en elaboración de políticas públicas (especialmente de la SENPLADES), que nos puedan ayudar a darle forma al texto final de nuestra política. Se planteó la idea de invitar a estos profesionales de manera informal o a través de un taller de capacitación cuya realización se solicitaría a la Dra. Woolfson del Ministerio Coordinador. Este taller implicaría desde luego una buena organización, ya que sería un proceso que se daría a través del Portal de Compras Públicas, sin contar con la preparación del evento (invitaciones, logística etc.). La resolución de este punto queda pendiente para la reunión del viernes.

Este taller incluiría ponencias introductorias sobre temáticas de interés que nos permitan abordar las políticas públicas y el estado de la cuestión de los sistemas de sitios arqueológicos. La difusión/publicación de los resultados de este taller se daría a través de “Memorias”, a más de la redacción de las pautas para la aprobación y aplicación de las políticas definidas en el transcurso del evento. Los invitados/ponentes/facilitadores serían especialistas de SENPLADES, representantes de instituciones culturales… Lo ideal sería que antes del taller, los participantes ya estén familiarizados con los ejes principales que serán abordados por los facilitadores durante el evento.

En la carta de solicitud de organización de este taller, se pediría también la conformación de un comité científico de arqueólogos que evalúe, oriente y planifique las actividades de las instituciones culturales (MCP) (investigación arqueológica), garantizando además el cumplimiento de las políticas de investigación arqueológica. Puesto que un taller quizá no sea suficiente para aplicar estas políticas, no se descarta la idea de implementar una consultoría a posteriori para afinar su implementación.

Terminaré este resumen del encuentro recordando el testimonio de uno de los participantes de la reunión, quien comunicó que a raíz del caso “Avilés Marcillo” (litigio relacionado a  una red de tráfico ilícito de piezas arqueológicas que se dio el año pasado en Guayaquil), la Dra. Doris Solís, en aquel entonces Ministra de Coordinación del Patrimonio Natural y Cultural, consultó a la Corte Constitucional con la finalidad de saber si se puede o no vender el patrimonio, a lo cual los jueces le contestaron …!SÍ!. ¿Cuántos aberrantes vacíos legales más como éste afectan el patrimonio arqueológico del Ecuador? Estos ejemplos revelan que la elaboración e implementación de una verdadera política referente al ámbito de la arqueología en el país es de carácter urgente y todos somos responsables. La Presidencia ha manifestado su interés por nuestra preocupación; a priori, el contexto institucional es favorable para que nuestras inquietudes sean atendidas. Esperamos contar con su participación y/o ideas para la reunión del día viernes y las que seguirán.

f) Catherine Lara
Secretaria