COLECTIVO CIUDADANO DE ARQUEÓLOGOS
ACTAS 2DA REUNIÓN, MIÉRCOLES 26 DE ENERO, MUSEO DE RUMIPAMBA (QUITO)

Asisten: María Soledad Solórzano, Gabriela Tenorio, Alexandra Yépez, Francisco Valdez, Victoria Domínguez, José Echeverría, María Aguilera, Mónica Bolaños, Francisco Sánchez, Fernando Mejía, Rocío Murillo, Catherine Lara.

I) Exposición del Plan SOS Patrimonio (a cargo de Alexandra Yépez)

Programa promovido por la SENPLADES y el Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural dentro del “Plan Nacional del Buen Vivir”, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de políticas públicas.

Proyecto de carácter prioritario que busca promover la interculturalidad y la plurinacionalidad, al inventariar, conservar, proteger y difundir el patrimonio nacional, enfatizando su función social y capacitando al personal necesario. El INPC interviene en lo que se refiere al conocimiento, la protección, la restauración y la puesta en valor del patrimonio.

2 años de duración a partir de la fecha de aprobación presupuestaria (es decir, agosto del 2010).

En términos aproximados, se definió la existencia de 600 museos e iglesias, 35 edificios “restaurables” y 45 edificios y sitios culturales que podrían ser beneficiados por el Programa SOS Patrimonio. En arqueología, se vienen a sumar los registros/inventarios de colecciones públicas y privadas, es decir, lo que correspondería a la segunda etapa del Registro nacional del patrimonio arqueológico iniciado a raíz del Decreto de Emergencia.

En fin, el Programa apunta a contribuir a la formación de un sistema de gestión de sitios patrimoniales, a través de la informatización de las bases de datos.

II) Problemas

Como su nombre lo indica (y valga la redundancia), el Ministerio Coordinador coordina, mas no ejecuta los proyectos contemplados dentro del Programa SOS Patrimonio. Efectivamente, el Ministerio Coordinador delega al INPC la responsabilidad de elaborar los términos de referencia y contratar a los profesionales que deberán cumplir con los proyectos del Programa.

En términos generales, la repartición de los fondos para la ejecución de proyectos patrimoniales es desigual: así, el ámbito de la arqueología está en desventaja en comparación con otras áreas (patrimonio inmueble, inmaterial, etc.).

No existen pautas claras que definan la ejecución de los proyectos arqueológicos (¿qué?, ¿cómo?, ¿quiénes? etc.).
… por lo tanto, es necesario definir una política institucional pública para la investigación, conservación, protección y puesta en valor y uso social  del patrimonio arqueológico a nivel nacional, y ése va a ser de ahora en adelante el objetivo del Colectivo Ciudadano de Arqueólogos.

III) Estrategia: elaboración de una política institucional pública de arqueología

La elaboración de una tal política requiere contemplar dos aspectos: el fondo y la forma.

El fondo corresponde al contenido científico. Es en teoría el más “sencillo”, ya que todos somos arqueólogos y –en principio- tenemos idea de los temas que deben ser priorizados en nuestra disciplina; basta reunirnos, organizar nuestros conocimientos e ideas y sentarlos por escrito.

La forma es un poco más complicada porque exige ajustar nuestro contenido científico a los formatos de las leyes actualmente vigentes en el país, especialmente en lo que se refiere a temas de cultura, patrimonio y desde luego, arqueología más específicamente.

Desde ese punto de vista, se evidenció la necesidad de “empaparnos” de los textos legales que nos permitirán elaborar una política conforme a las normas actualmente aceptadas en el Ecuador. María Soledad Solórzano nos envió un documento para familiarizarnos con los conceptos pertenecientes al ámbito de las políticas públicas; por otra parte, para la próxima reunión, que se realizará el próximo viernes 4 de febrero en el museo de sitio de Rumipamba (Quito, 9h30 am a 14h00 pm), cada participante del Colectivo se comprometió a llevar un texto legal (legislación nacional e internacional vigente / normativas institucionales) en donde habrá rescatado los puntos de interés dentro de la definición de una política en arqueología (ley minera, municipios, medio ambiente, leyes internacionales, etc.). Se recuerda que en la página web Arqueología Ecuatoriana, encontrarán un compendio completo de textos legales nacionales e internacionales referentes a la arqueología (sección “Leyes”).

Una vez que, a través de este “taller doméstico”, se hayan sentado tanto el contenido como la forma de esta política arqueológica que se busca definir, se contempla la posibilidad de contactar a especialistas en elaboración de políticas públicas (especialmente de la SENPLADES), que nos puedan ayudar a darle forma al texto final de nuestra política. Se planteó la idea de invitar a estos profesionales de manera informal o a través de un taller de capacitación cuya realización se solicitaría a la Dra. Woolfson del Ministerio Coordinador. Este taller implicaría desde luego una buena organización, ya que sería un proceso que se daría a través del Portal de Compras Públicas, sin contar con la preparación del evento (invitaciones, logística etc.). La resolución de este punto queda pendiente para la reunión del viernes.

Este taller incluiría ponencias introductorias sobre temáticas de interés que nos permitan abordar las políticas públicas y el estado de la cuestión de los sistemas de sitios arqueológicos. La difusión/publicación de los resultados de este taller se daría a través de “Memorias”, a más de la redacción de las pautas para la aprobación y aplicación de las políticas definidas en el transcurso del evento. Los invitados/ponentes/facilitadores serían especialistas de SENPLADES, representantes de instituciones culturales… Lo ideal sería que antes del taller, los participantes ya estén familiarizados con los ejes principales que serán abordados por los facilitadores durante el evento.

En la carta de solicitud de organización de este taller, se pediría también la conformación de un comité científico de arqueólogos que evalúe, oriente y planifique las actividades de las instituciones culturales (MCP) (investigación arqueológica), garantizando además el cumplimiento de las políticas de investigación arqueológica. Puesto que un taller quizá no sea suficiente para aplicar estas políticas, no se descarta la idea de implementar una consultoría a posteriori para afinar su implementación.

Terminaré este resumen del encuentro recordando el testimonio de uno de los participantes de la reunión, quien comunicó que a raíz del caso “Avilés Marcillo” (litigio relacionado a  una red de tráfico ilícito de piezas arqueológicas que se dio el año pasado en Guayaquil), la Dra. Doris Solís, en aquel entonces Ministra de Coordinación del Patrimonio Natural y Cultural, consultó a la Corte Constitucional con la finalidad de saber si se puede o no vender el patrimonio, a lo cual los jueces le contestaron …!SÍ!. ¿Cuántos aberrantes vacíos legales más como éste afectan el patrimonio arqueológico del Ecuador? Estos ejemplos revelan que la elaboración e implementación de una verdadera política referente al ámbito de la arqueología en el país es de carácter urgente y todos somos responsables. La Presidencia ha manifestado su interés por nuestra preocupación; a priori, el contexto institucional es favorable para que nuestras inquietudes sean atendidas. Esperamos contar con su participación y/o ideas para la reunión del día viernes y las que seguirán.

f) Catherine Lara
Secretaria