COLECTIVO CIUDADANO DE ARQUEÓLOGOS
ACTAS 4TA REUNIÓN, JUEVES 10 DE FEBRERO, MUSEO DE RUMIPAMBA (QUITO)
Asisten: Victoria Domínguez, Pepe Echeverría, Gabriela Tenorio, Alexandra Yépez, Francisco Valdez, María del Carmen Molestina, Catherine Lara.
Tres puntos básicos fueron tratados en el transcurso de esta reunión: el tema del envío de la carta a la Asamblea respecto a la Ley de Cultura, los textos legales que constituirán el trasfondo de nuestra propuesta y, finalmente, la redacción de nuestra política arqueológica en sí.
Carta Asamblea
A raíz de la reunión anterior, se había pensado enviar una carta a la Asamblea con la intención de presionar a la Comisión correspondiente para que encuentre una solución al estancamiento de la Ley de Cultura. Durante este cuarto encuentro, dos tendencias se manifestaron sobre este punto:
La primera sugiere que no se debería enviar ninguna carta a la Asamblea pues esto significaría adherirse a intereses políticos frente a los cuales el Colectivo de Arqueólogos Profesionales del Ecuador debería mantenerse al margen. Se planteó efectivamente que la aprobación de la Ley de Cultura no está bien encaminada e inclusive que el Ejecutivo se muestra reacio al respecto, por lo cual es un riesgo aludir a esta iniciativa desde el Colectivo; lo más probable es que ni siquiera nos hagan caso.
La segunda visión en cambio señala que el país necesita una ley de cultura – sin tomar partido por ninguna de las dos versiones actualmente en juego. Este texto estaba supuestamente en vías de ser redactado, se organizaron encuentros colectivos en ese sentido, etc pero hasta la fecha, no hay nada. Como colectivo asociado a una disciplina fundamental dentro del ámbito cultural, tenemos derecho a exigir una explicación sobre el estancamiento de un texto tan importante. Por último, si es necesario partir de cero y volver a hacer una nueva propuesta de Ley de Cultura, se exigiría que la arqueología tenga –ahí sí- todo el lugar que se merece dentro de ese nuevo texto.
En definitiva, este tema quedó en suspenso: los asistentes quedaron de acuerdo en que redactar la política arqueológica es más urgente de momento y que este asunto de la Ley de Cultura se lo podrá considerar más adelante.
Leyes que servirán de base a la política arqueológica
En el encuentro anterior, se había planteado partir del Plan Nacional para el Buen Vivir como sustento a la redacción de la política arqueológica. En esta ocasión se decidió finalmente restringirse a la Constitución y a la Ley de Patrimonio. Efectivamente, en relación al tema de la carta a la Asamblea mencionado en el anterior apartado y luego de haber consultado el Plan Nacional para el Buen Vivir, se resaltó que éste representa una fuerte carga ideológica y política ajena al aspecto estrictamente científico que busca nuestra propuesta desde la arqueología.
Al sustentarnos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, corremos el riesgo de que el Colectivo sea considerado como partidario del Gobierno y sus intereses políticos, cuando nuestra intención es plantear una política duradera que trascienda a los gobiernos de turno: el momento que cambie el gobierno, nuestra política no correrá el riesgo de ser descartada por haberse basado en un texto ideológico puntual, sino que se mantendrá vigente al partir de aspectos fundamentales estipulados en la Constitución. En último término, ¡lo que propone nuestra política no se opone de ningún modo a lo que promueve el Plan Nacional para el Buen Vivir!
Redacción de la política arqueológica
Dicho esto, los asistentes a la reunión siguieron trabajando en el esquema básico de la política arqueológica. Ésta tratará cuatro puntos que ya habían sido establecidos en el encuentro anterior, a excepción del último que fue añadido en esta ocasión:
— Investigación
— Conservación
— Difusión
— Puesta en valor y uso social
Basándonos en el modelo formal de otros textos de políticas vigentes a nivel nacional, la estructura de nuestra política quedaría luego de la siguiente manera:
— Declaración de principios/problemáticas (a manera de introducción)
— Diagnóstico general
— Objetivos (éstos estarían organizados en torno a los cuatro ejes enumerados anteriormente. Cada uno de estos ejes se subdividiría a su vez en: problemáticas, causas, potencialidades – a manera de diagnóstico específico –, y finalmente, los objetivos en sí con los actores involucrados en la ejecución de cada uno de ellos).
Con este esquema en claro, se comenzó a completar el contenido de cada uno de sus componentes:
Declaración de principios
— Definición del patrimonio arqueológico y su problemática: el patrimonio arqueológico no es una mercancía, sino un recurso no renovable, vinculado a nuestra identidad…
— Definición de la práctica arqueológica y su problemática: La finalidad general de la arqueología es el conocimiento [de este recurso no renovable]. La arqueología trata sobre el conocimiento de actividades pasadas (poco importa si éstas son históricas o anteriores al uso de la escritura). El énfasis se pone en la palabra conocimiento, pues la finalidad de todo trabajo arqueológico es indagar sobre el comportamiento humano situaciones donde no había otra manera de registrar los sucesos que la voz, la memoria colectiva, y eventualmente algunos ritos propiciatorios en determinadas circunstancias.
La práctica arqueológica se asocia a un marco deontológico específico.
— Papel de la institucionalidad: La institucionalidad atraviesa todos y cada uno de los aspectos del quehacer arqueológico. Es responsabilidad del Estado conocer, proteger y difundir el Patrimonio arqueológico del país. De acuerdo a la reglamentación vigente, el INPC es el organismo encargado de dictar y de reforzar la política del manejo de los recursos arqueológicos.
— Objetivo general: En este sentido, el Colectivo Ciudadano de Arqueólogos Profesionales del Ecuador se propone “definir una política institucional pública para la investigación, conservación, protección y puesta en valor y uso social del patrimonio arqueológico a nivel nacional”. Esta política debe ser previa a la definición de cualquier tipo de plan de manejo del patrimonio arqueológico, al optimizar cada uno de sus componentes.
— Presentación de los ejes principales de la política arqueológica: Se esbozará primeramente un diagnóstico general de la situación actual de la arqueología del país, antes de enunciar los objetivos que esta política busca implementar, objetivos que se dividen en cuatro aspectos fundamentales: investigación, conservación, difusión y puesta en valor y uso social. Cada uno de estos aspectos será desarrollado a través de un diagnóstico específico, así como la presentación de las metas correspondientes y de los actores involucrados en su cumplimiento.
El Diagnóstico General
— Este diagnóstico deberá tomar en cuenta la realidad social actual en que vivimos (por ejemplo: la huaquería como consecuencia de la pobreza, las realidades del mundo rural…). Conocer la realidad del Ecuador es esencial antes de poder hablar del recurso arqueológico como tal.
— Se deberá incluir una perspectiva histórica de la práctica arqueológica en el país, de cara a evaluar su desempeño actual. No se trata de descalificar o juzgar lo que se ha hecho anteriormente, sino más bien de tenerlo en claro, con el propósito de elaborar una propuesta viable en base a los aciertos y desaciertos del pasado.
— Algunos colegas han escrito artículos que nos podrían servir como base para la redacción de esta retrospectiva: Jaime Idrovo, Pepe Echeverría, Ernesto Salazar, Florencio Delgado y Francisco Valdez.
— En lo que se refiere al estado de los recursos arqueológicos del país como tales, habrá que mencionar desde luego el inventario que se levantó a raíz del Decreto de Emergencia.
Los objetivos
Investigación
Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual):
— Nos encontramos en un contexto en que la investigación se vuelve secundaria frente a los famosos “planes de manejo” y a la visión del patrimonio arqueológico como fuente de rédito turístico.
— Actualmente, no hay ninguna coherencia en la práctica arqueológica tal como se la está llevando en el país: cada investigador investiga de manera aislada, sin ninguna visión de conjunto. No hay ninguna continuidad entre los diversos proyectos arqueológicos que se están realizando en el Ecuador, y menos aún, una visión de las prioridades que debería proyectarse en la práctica arqueológica en sí (por ejemplo: la necesidad urgente de replantear nuestro cuadro de periodización…).
— El acceso a la información generada por los proyectos de los colegas es problemática, lo cual no contribuye a la interacción entre arqueólogos.
— La formación universitaria de arqueólogos (es decir, la profesionalización de la arqueología) es deficiente.
— Existe una multitud de “para-arqueólogos” que no tienen ningún estatuto reconocido (asistentes, estudiantes calificados no graduados…).
— Hoy en día, las investigaciones arqueológicas son gestionadas a partir del INCOP y su portal de Compras Públicas. No obstante, la investigación arqueológica NO es mercancía ni obra de ingeniería pública. Por ende, no tiene su lugar en el mercado de la oferta y la demanda. En calidad de disciplina científica, se rige a parámetros distintos que pueden ser obstaculizados e inclusive desfigurados al ser incluidos en sistemas pertenecientes a otros ámbitos, tales como el de “Compras Públicas”.
— La práctica arqueológica está actualmente sujetada a las fluctuaciones administrativas de las diversas entidades que la manejan, cuando debería ser lo contrario: la arqueología en cuanto a disciplina científica tiene parámetros y criterios definidos, los cuales deben ser acatados por las entidades que se relacionan con el patrimonio arqueológico, independientemente de los cambios burocráticos.
Lineamientos
— El arqueólogo es un científico social. La finalidad de la investigación es el conocimiento del pasado, de nuestra identidad y de nuestro territorio. (Definición de lo que es la investigación arqueológica: ¿qué comprende?, ¿quiénes intervienen en ella?, ¿cómo se hace?, ¿para qué?, ¿para quiénes?, ¿quién la evalúa?)
— Si bien existen distinciones en torno a las variantes que puede tener la práctica arqueológica de acuerdo a sus fuentes de financiamiento y/o metodologías (arqueología pública, privada, o de rescate), la arqueología es una sola. La definición de los parámetros específicos que atañen a cada una de las diversas manifestaciones del quehacer arqueológico es materia de reglamentos, los cuales deben respetar los enunciados explicitados en la presente política (ejemplo: respetar el enfoque regional que exige una investigación arqueológica adecuada en los proyectos de arqueología de contrato. Restringir una excavación a un espacio definido por una obra de infraestructura moderna mutila totalmente la interpretación de huellas materiales producidas en un espacio totalmente ajeno a dicha obra).
Así, la importancia del dato que lleva al conocimiento es tal que en todos los casos se debe aplicar el mismo esfuerzo económico y el mismo rigor científico en la procuración de los datos. Los métodos, los procedimientos y las finalidades son los mismos en todas las intervenciones de carácter arqueológico. Por lo que los trabajos deberán necesariamente ser la responsabilidad exclusiva de un equipo de profesionales, dotados de los conocimientos académicos que aseguren la aplicación de los procedimientos adecuados. Toda intervención deberá contar con la presencia continua de, por lo menos un, arqueólogo titulado académicamente que garantice el rigor y la calidad científica de los trabajos.
— El Estado tiene la obligación de desarrollar la investigación arqueológica.
Metas y actores involucrados
— Crear un comité científico (académico) que defina los temas y zonas prioritarios que deben ser tratados por la arqueología en materia de investigación. Este comité deberá asegurar la calidad de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el país y el profesionalismo/experiencia de quienes las realizan. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales).
— Asegurar una formación de calidad para los arqueólogos. Definir una categorización incluyente para los “para-arqueólogos”. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, entidades académicas del país, comité científico).
— Sustraer a la práctica arqueológica del Sistema de Compras Públicas (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, institucionalidad del estado).
— Elaborar el inventario general de los recursos arqueológicos del país. Éste es un proceso continuo que se debe ir incrementando en la medida en que el conocimiento y el reconocimiento avanzan, pero el inventario sólo es un medio y no puede convertirse en una finalidad.
El inventario existente se nutre de tres maneras:
A) por la investigación arqueológica sistemática.
B) por la información que llega a través de los datos que aparecen en el transcurso de la obra pública o privada que provoca intencionalmente movimientos de tierra proclives a revelar vestigios arqueológicos. En este caso la ley prevé que se debe efectuar un estudio profesional previo, preventivo que registre los bienes existentes y un seguimiento continuo que asegure el posible registro y protección de los vestigios eventuales.
C) por información producida de forma fortuita: trabajos de agricultura, desvío de ríos, exploraciones de zonas desconocidas, etc. En todos estos casos el descubrimiento se da de forma no intencional y por ello no hay una obligación legal de realizar un estudio previo. En todos los casos hay la obligación de suministrar los datos pertinentes al INPC para que se actualice el inventario. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, comité científico, institucionalidad del Estado).
Conservación
Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)
— la necesidad de proteger al patrimonio arqueológico frente a amenazas tales como la huaquería, el tráfico ilícito / coleccionismo
Lineamientos
— No se puede pensar la investigación sin la conservación.
Metas y actores involucrados
Difusión
Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)
— El contenido de los programas de los establecimiento educativos primarios y secundarios está desactualizado en materia de arqueología.
— Los medios de comunicación no difunden la información arqueológica de manera responsable.
Lineamientos
— El manejo del conocimiento es necesariamente de carácter público, puesto que los recursos patrimoniales que generan el conocimiento son del estado, y como tal no puede ni debe ser restringido al uso o beneficio de quien financió la intervención.
Metas y actores involucrados
— Los arqueólogos tienen la obligación de publicar la información obtenida a raíz de sus investigaciones.
Puesta en valor y uso social
Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)
Lineamientos
— La práctica arqueológica va de la mano con la concientización de la sociedad sobre el quehacer arqueológico.
— La función social de la práctica arqueológica atañe al respeto de las comunidades con las que el investigador se relaciona en el transcurso de sus proyectos.
Metas y actores involucrados
— Asegurar que el manejo de los sitios no sea función exclusiva de las comunidades y organismo locales, sino que incluya también la participación de arqueólogos.
Asuntos varios
Queda claro que el objetivo este rato no es redactar el texto de la política en su integralidad, sino más bien delinear un esquema detallado de los puntos que ésta deberá incluir. La redacción del texto como tal queda para el taller que se piensa organizar con esta intención. En ese sentido, el propósito principal de las próximas reuniones va a ser afinar este esquema.
Desde ya, se invita a los colegas a enviar sus sugerencias al respeto; algunos lo han hecho a través de los foros de la página web “Arqueología Ecuatoriana”. No obstante, con la finalidad de ampliar el espacio para recibir comentarios y sugerencias, se va a abrir un blog a parte consagrado exclusivamente al Colectivo Ciudadano de Arqueólogos Profesionales. Este mecanismo nos permitirá además incluir a los colegas quienes no se encuentran en la región de Quito y/o no pueden asistir a las reuniones por motivos varios. Desde este punto de vista, nuestros encuentros serán más espaciados y consistirán en tratar temas más específicos. De momento, la próxima reunión quedó fijada para el día jueves 24 de febrero a las 10:00 a.m. en el Museo de Sitio Rumipamba (Quito).
f) Catherine Lara
Secretaria